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La Presidente de Fundacion Avanzar Laura Escobar y referentes de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), Leticia Gauna, y del movimiento María Conti, Karina Cardozo, junto a otras organizaciones sociales, presentaron ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Semhan, un fuerte reclamo vinculado a la Violencia contra las Mujeres y Niñas y el tratamiento machista que reciben algunos casos de abusos y violaciones en la provincia de Corrientes. El petitorio fue rubricado también por la referente de la Fundación Esperanza, María Dolores Saadi; y el Defensor del Pueblo de Corrientes, Miguel Alegre.
En una audiencia que tuvo lugar en el STJ, Semhan escuchó el planteo y la preocupación de las ONG y la Defensoría del Pueblo por el “mal abordaje” de algunos casos de violencia de género. El petitorio presentado lleva la firma de las referentes de MuMaLa, Leticia Gauna; del Movimiento Maria Conti, Karina Cardozo; de la Fundación Esperanza, María Dolores Sadi y Silvia Marzoratti; y de la Fundación Avanzar, Laura Escobar y Ana María Correa; además del doctor Miguel Alegre, a cargo de la Defensoría del Pueblo; y Violeta Vanderland, del Consejo Provincial de la Mujer.
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Con pedidos e informes periodísticos en mano, las representantes de las ONGs llegaron al despacho de Semhan, ante quien advirtieron que la violencia de género genera daños a la víctima, ya sea emocional o físicamente; y que la violencia hacia las mujeres puede ser tanto psicológica, como física, económica o sexual.
“Nos vemos en la obligación de recurrir el máximo Tribunal, a fin de que arbitren los medios necesarios para brindar una solución urgente a esta problemática que actualmente afecta a hogares de nuestra comunidad. Con esta situación se corren serios riesgos, dado que ante estos hechos ocasionados se producen daños irreparables”, expresaron en la nota que presentaron ante el titular del STJ.
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Puntualmente, exigieron en forma urgente:
1) Que se dispongan medidas de celeridad y superintendencia por hechos ocasionados y que dañaron a las víctimas.
2) Que se instruya en ese marco de Superintendencia a que los Jueces y Funcionarios se ciñan a la Ley para disponer medidas cautelares, restrictivas o preventivas, antes de que ocurra el hecho.
3) Recordar que las cuestiones de competencia no sean dilatorias de toma de medidas.
4) Que este STJ solicite a la Jefatura de Policía que los funcionarios policiales encargados de instruir sumarios judiciales reciban las denuncias sin demora y entreguen copia de la denuncia formulada sin pretexto alguno, dándose curso de inmediato a la autoridad correspondiente por la premura.
5) Que se realice un mejor control policial atento la pérdida de expedientes y documentales, y la falta de rapidez en las resoluciones de los jueces competentes sobre la materia.
6) Que se arbitren los medios para que se dictamine un JUZGADO específico para tratar los temas de violencia de género.
7) Que es necesario que el pedido de exclusión del hogar sea inmediato y así también contar con un refugio acorde a las necesidades de las víctimas.
“Hace tiempo participamos de espacios de intercambio, debate y preocupación respecto de qué políticas se deben ir tomando para ciertamente erradicar la violencia de género. No hay un tratamiento de los casos y esa es la preocupación que le traemos al STJ, porque nos preocupa poder generar un espacio de articulación entre la sociedad civil y el Estado”, manifestó Gauna tras el encuentro con Semhan, “Lo más importante es que el STJ reconoce que falta un camino por recorrer la distancia que planteamos”.
Durante el encuentro, Semhan expresó: “En lo jurisdiccional, todo lo que es exclusión del hogar y violencia de género es urgente, no hay mediación ni probeishion, esas son las instrucciones que damos a los jueces, prefiero equivocarme con una falsa denuncia antes que arrepentirme por la lesión o el homicidio de una mujer en lo que ya no se puede volver para atrás”. Luego tomó contacto con los informes de casos testigos reconocidos en la provincia de Corrientes.
“Ustedes son el puente de unión entre la sociedad y el Estado”, añadió el presidente del STJ, para valorar el trabajo de las organizaciones sociales.
Por su parte, Alegre sostuvo: “No advierto el compromiso de todos los magistrados en esta cuestión. En el caso de Norma (Loreto), habían razones más que suficientes para suponer que la carátula inicial era la correcta, para que el agresor no siga libre, ese fue un error judicial muy grave”. El Defensor del Pueblo, Gauna y Cardozo coincidieron en la necesidad de control a los funcionarios judiciales a través de la Superintendencia, y advirtieron, “si no encontramos la forma de revertir la actitud de los funcionarios ante casos de violencia de género, vamos a tener que avanzar con juicios políticos”.
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Gestileza: Prensa Libres del Sur.
